Microsoft y Sony sostienen que no tienen obligación de trasladar a los consumidores posibles devoluciones relacionadas con los aranceles de Estados Unidos. Sus abogados han presentado ese argumento en dos demandas separadas, después de que ambas compañías elevaran en 2025 el precio de sus consolas Xbox y PlayStation en respuesta a los aranceles impuestos en el país.
El contexto judicial ha cambiado durante 2026. Según la evidencia suministrada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales esos aranceles a comienzos de este año, una decisión que permite a las compañías afectadas solicitar reembolsos. La posición defendida ahora por Microsoft y Sony es que, aunque puedan reclamar esas cantidades, no existe una obligación de repercutirlas directamente a quienes compraron sus productos.
La cuestión afecta así a una posible devolución de costes asumidos por las empresas, no a un reembolso ya confirmado para propietarios de Xbox o PlayStation. La información disponible tampoco concreta cantidades ni cambios de precio derivados de estas demandas.